Durante este verano, en una de esas idas y venidas en busca de olas en los cuales hablas de viajes de ensueño y utópicas vidas apartado de la realidad, un amigo me habló sobre una pequeña isla en la cual rompían perfectas paredes de agua en sus cuatro costados.
- Suena a paraíso.
- La busco y te la paso - me dijo-. Y así fue.
Thanburudhoo es una isla perteneciente al archipiélago de las Maldivas y como se puede apreciar en la imagen cumple con lo descrito. El link que adjuntaba la fotografía era un artículo de opinión en contra de lo que parece que será la futura privatización de la isla. "EXCLUSIVENES: FOR RICH SURFERS ONLY!" lleva por título y, es que está en proyecto la creación de un resort de lujo que privatizaría las mejores olas de la isla, teniendo que pagar por ellas y dejando así sin la posibilidad de su disfrute a locales y foráneos, no rich!
Permitirme que use este ejemplo (que no es único en su especie) de privatización de un bien público costero de preámbulo, ya que está vinculado con este deporte que tantos buenos momentos me ha proporcionado y, que ha sido el detonante para escribir las líneas que continúan.
Durante estos últimos meses y bajo el manto, el ruido y la atención
colectiva que generan palabras como "prima de riesgo", "déficit"o
"rescate", se ha ido tramitando en el parlamento un anteproyecto de ley de reforma de la ley de costas. Por lo tanto, salvando las distancias, me permitiré el lujo de dar una salto transoceánico, del Índico a las costas atlánticas y mediterráneas, a casa.
Con esta ley cerca de 10.000 viviendas de una decena de núcleos conflictivos (que se encuentran dentro de los lindes públicos) y, que parecen haber sido elegidos aleatoriamente, quedarían excluidas de ser consideradas dominio público marítimo-terrestre, es decir , propiedad del estado. Las
viviendas en la playa del resto del litoral podrían seguir 75 años más,
que se suman a los 30 años o 60 que ya les dio la actual ley, vigente
desde 1988. También se han dado mayores concesiones a chiringuitos y bares.
Además, la isla de Formentera, tendría una definición de la zona protegida más laxa no quedando protegida toda su superficie. Por último, en algunas rías gallegas la servidumbre de protección bajaría de los 100 a 20 metros.
Exceptuando un aspecto positivo que es la posibilidad de que el estado pueda intervenir y cancelar acuerdos realizados por los propios municipios, la llamada "clausula algarrobicos" (ese hotel mastodóntico en el parque natural de cabo de gata), el resto de modificaciones sugieren un debilitamiento de la propiedad pública costera y el facilitamiento de vacíos o apoyos legales para futuros ladrillazos.
En un comunicado realizado hace pocos días, Greenpeace España recoge nueve puntos por los que se oponen a esta reforma. Después de informarme creo que son bastante concisos y razonables por lo que los comparto con vosotros.
- Permite la privatización de zonas inundables por temporales si no se han inundado por lo menos en cinco ocasiones en los últimos diez años desde que se practicó el deslinde. Sin embargo el Real Decreto de Evaluación y Gestión de Riesgos de Inundación, establece que "las zonas con alta probabilidad de inundación son aquellas que se anegan una vez cada diez años".
- En el texto de la nueva Ley no existe ni una sola mención al control de los efectos del cambio climático en la costa, ignorando la alta vulnerabilidad de la costa española a la subida del nivel del mar y los acuerdos ratificados por el Estado. Ignorar el cambio climático en la costa puede tener graves consecuencias en las arcas públicas y en aquellos que viven en primera línea del mar.
- Se excluyen de protección las marismas del Mediterráneo, no sometidas a mareas vivas.
- También desprotege los cordones de dunas que no estén en continuo movimiento por efecto del viento, quedando desprotegidos, por ejemplo, amplios tramos de arenales en el Golfo de Cádiz o del Cabo de Cope (Murcia) donde se proyecta el mayor resort turístico de Europa.
- Se excluyen de protección las zonas costeras que hayan sido inundadas (o vayan a serlo) de forma artificial como las salinas, los esteros o los arrozales. Al desaparecer el dominio público en estas zonas, también desaparecen los 100 metros de franja de servidumbre de protección.
- Se excluyen del dominio público núcleos costeros elegidos aleatoriamente, como la mayor parte del litoral de Formentera o diez municipios del dominio público tan extensos como Oliva (Valencia) o Platja d´Aro (Girona) sin especificar sus límites. Además algunos de los núcleos excluídos como Pedregalejo, El Palo (ambos en Málaga) o algunos tramos de Punta Umbría (Huelva) están clasificados por el Sistema Nacional de Zonas Inundables como áreas de riesgo significativo ante avenidas de agua e inundaciones.
- Se reducen las servidumbres de protección de 100 a 20 metros para los municipios que, durante los dos años siguientes a la aprobación de nueva Ley, puedan demostrar que esas zonas eran consideradas urbanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Además, también se reducen las servidumbres a 20 metros en todas las rías del norte de la península.
- Se pospone el problema de la ocupación privada de la costa hasta 75 años vista. La privatización de la costa supone además el aumento exponencial del gasto de dinero público para el mantenimiento de la misma. Los 75 años se extienden también a la ocupación de la costa por industrias altamente contaminantes como las refinerías.
- La memoria económica que se presenta junto al anteproyecto de Ley está incompleta, ya que no cuantifica el coste de la planteada revisión del deslinde. Tampoco se evalúa el impacto económico por indemnización o por la extensión de las concesiones y el consiguiente aumento del presupuesto por control de la erosión costera.
- En el texto de la nueva Ley no existe ni una sola mención al control de los efectos del cambio climático en la costa, ignorando la alta vulnerabilidad de la costa española a la subida del nivel del mar y los acuerdos ratificados por el Estado. Ignorar el cambio climático en la costa puede tener graves consecuencias en las arcas públicas y en aquellos que viven en primera línea del mar.
- Se excluyen de protección las marismas del Mediterráneo, no sometidas a mareas vivas.
- También desprotege los cordones de dunas que no estén en continuo movimiento por efecto del viento, quedando desprotegidos, por ejemplo, amplios tramos de arenales en el Golfo de Cádiz o del Cabo de Cope (Murcia) donde se proyecta el mayor resort turístico de Europa.
- Se excluyen de protección las zonas costeras que hayan sido inundadas (o vayan a serlo) de forma artificial como las salinas, los esteros o los arrozales. Al desaparecer el dominio público en estas zonas, también desaparecen los 100 metros de franja de servidumbre de protección.
- Se excluyen del dominio público núcleos costeros elegidos aleatoriamente, como la mayor parte del litoral de Formentera o diez municipios del dominio público tan extensos como Oliva (Valencia) o Platja d´Aro (Girona) sin especificar sus límites. Además algunos de los núcleos excluídos como Pedregalejo, El Palo (ambos en Málaga) o algunos tramos de Punta Umbría (Huelva) están clasificados por el Sistema Nacional de Zonas Inundables como áreas de riesgo significativo ante avenidas de agua e inundaciones.
- Se reducen las servidumbres de protección de 100 a 20 metros para los municipios que, durante los dos años siguientes a la aprobación de nueva Ley, puedan demostrar que esas zonas eran consideradas urbanas antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988. Además, también se reducen las servidumbres a 20 metros en todas las rías del norte de la península.
- Se pospone el problema de la ocupación privada de la costa hasta 75 años vista. La privatización de la costa supone además el aumento exponencial del gasto de dinero público para el mantenimiento de la misma. Los 75 años se extienden también a la ocupación de la costa por industrias altamente contaminantes como las refinerías.
- La memoria económica que se presenta junto al anteproyecto de Ley está incompleta, ya que no cuantifica el coste de la planteada revisión del deslinde. Tampoco se evalúa el impacto económico por indemnización o por la extensión de las concesiones y el consiguiente aumento del presupuesto por control de la erosión costera.
Viendo estás modificaciones, parece que de lo que se trata es de dar una "patapum pa riba" al problema (esto se nos suele dar bastante bien), dando una amnistía a aquellos propietarios a los que a partir de 2018 se les acabarían sus concesiones y dejando vía libre a posibles negocios de rápido beneficio.
Históricamente la tierra ha sido símbolo de propiedad privada, de pertenencia, mientras que el mar, la mar, lo es de libertad y trata a todos por igual. Hagamos nosotros lo mismo, utilicemos estos espacio pero sin que con ello provoquemos la exclusión del otro. Todos tenemos derecho a disfrutar de nuestra costa y de nuestro mar.
Cando nos vamos a esa isla??
ResponderEliminarMoi bos os vídeos de golfiños e baleas. Fantásticos. Grazas por procurar e compartir esas imaxes. Chisco
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